El director general de Inmigración, Xavier Bosch, aseguró ayer que la Generalitat consolidará en los próximos meses un sistema propio de certificados de primera acogida para inmigrantes que soliciten el arraigo social. Este trámite, que es el primer paso para regularizar la situación de los extranjeros en España, tendrá como requisito «sine quan on» el conocimiento del catalán y de la cultura de Cataluña.
Bosch señaló a Ep que que la posibilidad de obtener este arraigo, que está prevista en la ley de Acogida de 2010, «se está implementando en algunos ayuntamientos de forma pionera, pero todavía falta un reglamento que regule y homogeneice el proceso, algo que llegará en breve, a la que se apruebe el decreto de regulación». La Generalitat ya ha puesto este texto a información pública.
Con este nuevo sistema para obtener certificados de primera acogida, los inmigrantes podrán conseguir un informe favorable por parte de la Generalitat, que posteriormente trasladará el documento a las autoridades estatales, que son las encargadas de decidir en última instancia si se concede o deniega el arraigo a los extranjeros.
Cursos de formación
«Con la formación de nuestro propio certificado, automáticamente tendrán una valoración favorable», dijo Bosch, antes de recordar que los inmigrantes deberán superar un curso en catalán, uno de conocimiento del entorno y otro de orientación laboral. La formación está dirigida sobre todo a inmigrantes adultos, con especial incidencia, según señaló Bosch, en las personas que pese a que viven desde hace tiempo en Cataluña, «manifiestan carencias de conocimientos básicos».
El responsable de Inmigración aseguró que «estos certificados sustituirán al proceso que se sigue actualmente en el informe de arraigo», que se seguirá llevando a cabo si se solicita. Bosch recordó que el servicio de primera acogida «solo se ofrecerá a quienes lo soliciten en el primer año de empadronamiento».
Este tipo de informes siempre han sido polémicos en Cataluña. A falta de los datos correspondientes a 2013, la conselleria de Bienestar Social y Familia emitió, entre 2011 y 2012, un total de 29.161 informes de arraigo y reagrupamiento familiar, de los que 1.758, un 6 por ciento, fueron desfavorables. Los principales motivos fueron precisamente el desconocimiento del catalán, y también vivir en los denominados pisos «patera».
La Generalitat asumió en junio de 2011 la competencia para emitir informes de extranjería. No son, sin embargo, vinculantes para el Gobierno, que es la administración que concede los permisos de residencia. En mayo del citado año, el Govern difundió una instrucción a todos los consistorios catalanes para homogeneizar los criterios para la elaboración de los informes de arraigo, que después se envían a las distintas delegaciones del Gobierno.
Estos nuevos criterios ponían el acento en valorar el esfuerzo de integración de las personas que soliciten el informe de extranjería, ya sea por acreditar su arraigo y legalizar su situación, renovar su residencia temporal o pedir reagrupamiento familiar. En este último caso, también se valora que el nivel de ingresos del solicitante sea suficiente para su familia.
Los criterios para valorar el grado de integración social para el arraigo incluyen el análisis de si el solicitante –un inmigrante en situación irregular en España– conoce suficientemente la sociedad y la cultura catalana y si tiene las competencias básicas en las lenguas oficiales de Cataluña, catalán y castellano. Estas instrucciones para obtener el arraigo son bastante precisas, y la valoración se determina mediante una entrevista con responsables de cada ayuntamiento.
Estos requisitos han provocado más de un episodio polémico respecto a los solicitantes. Por ejemplo, en octubre de 2012 se supo que Bienestar Social y Familia denegó el arraigo a Sayra O.M.M., una ciudadana de Honduras que estaba empadronada en Girona. El motivo, según la conselleria, fue que la mujer no pudo acreditar una «suficiente integración social por no disponer de los conocimientos lingüísticos mínimos de la lengua catalana». Durante la entrevista del trámite de solicitud, Sayra O.M.M. sí demostró que entiende el catalán y que lo puede leer, pero en cambio no pudo probar que lo habla o lo escribe. La mujer cumplía todos los otros requisitos para conseguir el documento.
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