El estudio ha sido presentado esta mañana por la concejala de Diversidad Cultural, Naiara Sampedro, junto a los responsables de Aztiker Soziologia Ikergunea, entidad que ha llevado a cabo la investigacón entre diciembre de 2012 y junio de 2013. El trabajo tiene una vertiente cuantitativa basada en los datos del padrón municipal y un componente de análisis cualitativo en base a 25 entrevistas, en el que se recogen valoraciones, opiniones, percepciones y actitudes de los diferentes tipos de ciudadanos ante la diversidad.
El informe indica que solo el 57,5% de los empadronados en la ciudad han nacido en San Sebastián, un 12,1% es natural de otras poblaciones de Gipuzkoa, un 6,1% del resto de territorios de la CAV y Navarra, y un 14,8% de otras provincias de España. Un 2,8% de los empadronados procede de otros países de la UE, un 5,4% de países del continente americano, un 0,7% de países africanos y otro 0,7% de países asiáticos. Por países de procedencia de los empadronados en San Sebastián, destacan Colombia (3,1%), Ecuador (3%), Nicaragua (2,5%), Honduras (2,4%), Francia (2,3%), Argentina (2,1%) y Marruecos (1,7%).
El estudio revela que los donostiarras no miran a todas las personas inmigrantes de la misma manera, ya que sienten una mayor desconfianza hacia las personas de origen africano y asiático y, en especial, a las de origen magrebí. En el ámbito de las relaciones entre personas de diferentes culturas, el informe indica que en general esta interaccón es "respetuosa", pero "mínima", y se ciñe principalmente al ámbito del empleo y lo relacionado con la infancia. Se reconoce que existe un nivel de desconocimiento mutuo lo que da lugar a que surjan prejuicios, incluso, al surgimiento de actitudes hostiles hacia personas de origen no autóctono. El estudio revela que cuando se abordan los derechos sociales de la ciudadanía, entre la población autóctona existe una opinión (no cuantificada, pero creciente conforme se prolonga la crisis) de la "necesidad de establecer prioridades en función de la procedencia" de los ciudadanos, algo que no afectan a la educación y a la sanidad, pero sí a ámbitos como el empleo, la vivienda o las medidas de protección social.
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