Corría el año 2001 cuando Marta Ferrusola, esposa del entonces presidente Jordi Pujol, se lamentaba en Girona: “El problema es que las ayudas solo sirven para los inmigrantes que acaban de llegar. Tienen poca cosa, pero lo único que tienen son hijos”. Al poco, Heribert Barrera, dirigente histórico de Esquerra Republicana, advertía contra un exceso de población, sobre todo si era de origen inmigrante: “Veo el futuro un poco negro \[sic\]. Si continúan las corrientes migratorias actuales, Cataluña desaparecerá”. Y agregaba que cuando “el señor Jörg Haider líder ultra austriaco, fallecido en 2008] dice que en Austria hay demasiados extranjeros no está haciendo ninguna proclama racista”.
Pero semejante comité de bienvenida económico-identitario no amilanó a los inmigrantes. Eran épocas de vacas gordas. Esa fue la causa del crecimiento de población, por cierto no atribuible ni a la doctrina pujolista de los tres hijos por pareja “nativa”, ni tampoco al “efecto llamada” de la regularización de inmigrantes, que, según el apocalíptico Jaime Mayor Oreja, iba a dejar a los buenos españoles en taparrabos y a arrebatarles la asistencia sanitaria. Lo que sucedía era sencillamente que España y Cataluña generaban todavía riqueza y empleo y eso movilizaba las aspiraciones de hombres y mujeres de países pobres. En estas batallas andaba metida una parte de la clase política mientras, en la vida real, Cataluña pasaba de 6.361.365 habitantes en 2001 a 7.570.908 en 2012.
Ahora las cosas van cambiando. Según el último padrón, en enero de 2013, 32.302 extranjeros han abandonado Cataluña que, con la crisis, está dejando de ser El Dorado. Los inmigrantes, antes primeros beneficiarios de las ayudas sociales, de acuerdo con la doctrina Ferrusola, han pasado a ser los primeros perjudicados por los recortes. No es ningún secreto que la austeridad que practican los gobiernos europeos hace sus primeras muescas gracias a los eslabones más débiles. Los inmigrantes han sido la expresión inicial y sangrante de la crisis por el hecho de haber desempeñado los empleos peor remunerados y menos cualificados. Eso los ha convertido en presas fáciles en primera línea de fuego. Los ha dejado en el heroico y honorífico rol de fusileros del mercado laboral.
Una de las enseñanzas de la actual crisis es mostrar lo poco que cuesta convertirse en emigrante. Desde 2011 hasta mediados de 2012, un total de 117.000 ciudadanos españoles buscaron mejor suerte en otros países y no siempre en los empleos que les correspondería por su cualificación profesional. La culpa es de esa insaciable destrucción de puestos de trabajo (Cataluña está en los 902.300 parados), que muestra una de sus caras más crueles cuando a los inmigrantes se les niega asistencia sanitaria o al carecer de empleo se les veta el acceso al permiso de residencia, lo que deja también a sus hijos en situación precaria. En los últimos tres años, 1.500 menores se han quedado sin renovación en Cataluña, lo que acarrea problemas a la hora de acceder a becas, cambio de escuela o de nivel educativo. El paro entre los inmigrantes, que suponen el 15,7% de la población catalana, asciende al 41% del colectivo, solo superado por el desempleo de los jóvenes de entre 16 y 24 años, que alcanza al 52,7% según la última EPA.
O sea que con los datos en la mano los inmigrantes ya no están en situación de aprovecharse de ayudas, ni de las rentas mínimas de inserción, sino que además se van. Francesc Xavier Mena, ex consejero de Ocupación del anterior Gobierno de Artur Mas, tejió la leyenda del inmigrante ocioso que cobraba la renta mínima de inserción mientras se daba la buena vida en las montañas del Rif gracias al laborioso pueblo catalán. Tras el estandarte de la eficacia administrativa y del respeto al dinero público, el objetivo de Mena era recortar la partida dirigida al eslabón más débil y sin derecho a voto para ofrecerlo al altar de la austeridad.
La inmigración, la primera línea de fusileros, está diezmada, pero el resto del ejército de mano de obra no está mucho mejor. Las pensiones, el último sostén que evita la fractura social, corren riesgo —a la espera de conocer la letra pequeña del pack de “novedades tributarias” que prepara Rajoy— de ser víctimas del fundamentalismo de mercado en un momento especialmente grave: el 45,4% de los parados catalanes ya no cobra ningún tipo de prestación de desempleo. Mientras, las reformas económicas se obstinan en el dogmatismo de no dar crédito a la realidad.
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