OLAIZOLA. PALMA "El auto del Tribunal Constitucional sobre la atención a los inmigrantes sin papeles en el País Vasco coincide absolutamente con los postulados del Colegio Oficial de Médicos (COMIB), que defienden el derecho de cualquier paciente a ser atendido por un facultativo, independientemente de la situación administrativa en la que se encuentre. Con este auto, se está protegiendo el papel deontológico de los médicos", subrayó ayer el presidente de los facultativos de Balears, Antoni Bennàssar.
Un día después de conocerse el auto del alto tribunal que avaló la decisión del Gobierno vasco de dar atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles, recurrida por el Gobierno central porque contravenía su real decreto 16/2012 que limita la asistencia a este colectivo a los menores de edad, mujeres embarazadas y urgencias, las reacciones en Balears no se han hecho esperar. Y el optimismo desatado por la resolución judicial ya permite aventurar que un recurso presentado en las islas contra esta norma estatal cuenta con muchas posibilidades de prosperar ya que el TC crea doctrina y jurisprudencia con sus resoluciones y fallos.
Esta es la opinión de Rosa María Hernández, presidenta del Colegio de Enfermería de las islas, de Txema Coll, presidente de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària (SBMFiC), o de Francisco Garrido, coordinador de Metges del Món en Balears.
Un día después de conocerse el auto del alto tribunal que avaló la decisión del Gobierno vasco de dar atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles, recurrida por el Gobierno central porque contravenía su real decreto 16/2012 que limita la asistencia a este colectivo a los menores de edad, mujeres embarazadas y urgencias, las reacciones en Balears no se han hecho esperar. Y el optimismo desatado por la resolución judicial ya permite aventurar que un recurso presentado en las islas contra esta norma estatal cuenta con muchas posibilidades de prosperar ya que el TC crea doctrina y jurisprudencia con sus resoluciones y fallos.
Esta es la opinión de Rosa María Hernández, presidenta del Colegio de Enfermería de las islas, de Txema Coll, presidente de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària (SBMFiC), o de Francisco Garrido, coordinador de Metges del Món en Balears.
Recurso individual
Éste último apunta que el real decreto se podría recurrir por vía indirecta, esto es, cuando un ciudadano, a título individual, denunciara ante un tribunal de primera instancia una vulneración de sus derechos a ser atendido sanitariamente. "En caso de que se desestimara su demanda en esta fase judicial, podría presentar recurso ante el Constitucional, y éste tribunal ya cuenta con este argumentario jurídico", estimó Garrido.
El coordinador de Metges del Món añadió que el auto del TC "es una muy buena noticia no sólo para los ciudadanos del País Vasco, sino también para todos los españoles. Desde el principio dijimos que este real decreto era anticonstitucional porque vulneraba el derecho a la salud de las personas. Asimismo, el alto tribunal ha rechazado de plano el argumento esgrimido por el abogado del Estado de que esta norma era necesaria para dar estabilidad económica a los servicios de salud pública al entender que no había tal ahorro porque se está redirigiendo la atención de los inmigrantes sin papeles a los servicios de urgencias".
Además, tanto el responsable de esta organización humanitaria como el presidente del COMIB, advirtieron que al hurtar esta asistencia normalizada a los inmigrantes se corre el peligro de que rebroten enfermedades infecto-contagiosas que se creía ya erradicadas.
Txema Coll, de la SBMFiC, también se congratuló de que esta resolución judicial "abre la vía a un recurso contra este real decreto en todas las comunidades autónomas. Soy de la opinión de que provocará una reacción en cadena", estimó el presidente de los médicos de familia de las islas, colectivo en el que, como se recordará, alrededor de cien facultativos se declararon objetores de conciencia para no cumplir esta norma que consideraban que rompía la equidad de la sanidad pública.
La presidenta de las enfermeras de Balears, Rosa María Hernández, consideró que el auto conocido el pasado lunes es "esperanzador. El Constitucional ha dicho que no está justificado desde el punto de vista económico y que daña no sólo al individuo, sino también a la comunidad por la posible propagación de enfermedades contagiosas".
Éste último apunta que el real decreto se podría recurrir por vía indirecta, esto es, cuando un ciudadano, a título individual, denunciara ante un tribunal de primera instancia una vulneración de sus derechos a ser atendido sanitariamente. "En caso de que se desestimara su demanda en esta fase judicial, podría presentar recurso ante el Constitucional, y éste tribunal ya cuenta con este argumentario jurídico", estimó Garrido.
El coordinador de Metges del Món añadió que el auto del TC "es una muy buena noticia no sólo para los ciudadanos del País Vasco, sino también para todos los españoles. Desde el principio dijimos que este real decreto era anticonstitucional porque vulneraba el derecho a la salud de las personas. Asimismo, el alto tribunal ha rechazado de plano el argumento esgrimido por el abogado del Estado de que esta norma era necesaria para dar estabilidad económica a los servicios de salud pública al entender que no había tal ahorro porque se está redirigiendo la atención de los inmigrantes sin papeles a los servicios de urgencias".
Además, tanto el responsable de esta organización humanitaria como el presidente del COMIB, advirtieron que al hurtar esta asistencia normalizada a los inmigrantes se corre el peligro de que rebroten enfermedades infecto-contagiosas que se creía ya erradicadas.
Txema Coll, de la SBMFiC, también se congratuló de que esta resolución judicial "abre la vía a un recurso contra este real decreto en todas las comunidades autónomas. Soy de la opinión de que provocará una reacción en cadena", estimó el presidente de los médicos de familia de las islas, colectivo en el que, como se recordará, alrededor de cien facultativos se declararon objetores de conciencia para no cumplir esta norma que consideraban que rompía la equidad de la sanidad pública.
La presidenta de las enfermeras de Balears, Rosa María Hernández, consideró que el auto conocido el pasado lunes es "esperanzador. El Constitucional ha dicho que no está justificado desde el punto de vista económico y que daña no sólo al individuo, sino también a la comunidad por la posible propagación de enfermedades contagiosas".
fuentes http://www.diariodemallorca.es/
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