El consejero ha dicho que han perdido la condición de titulares de tarjeta sanitaria 13.910 personas, de las que 2.000 ya han regularizado su situación pasando a la situación de asegurados.
El consejero Oliván.. CORTES DE ARAGÓN
El Salud iniciará "en próximas fechas" el programa de cribado para detectar el cáncer de colon analizando la sangre en heces, ha anunciado el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, quien ha recordado que estemes de marzo se dedica, en el ámbito internacional, a esta dolencia.
Oliván ha comparecido este jueves en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón, donde ha comparecido a petición del Grupo de Chunta Aragonesista para dar cuenta de la aplicación del Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y la seguridad de las prestaciones sanitarias.
En cuanto al transporte sanitario no urgente, el consejero ha señalado que se establece un porcentaje de aportación tomando como base un coste de 50 euros por trayecto con una aportación por parte de cada usuario de un 10 por ciento y con límites mensuales en función de la renta.
Ha destacado el compromiso del Gobierno de Aragón con la exención de este pago a los usuarios de la sanidad pública que se sometan a tratamientos de larga duración y que tengan que realizar "frecuentes" desplazamientos.
Ha defendido la nueva regulación del derecho a la asistencia sanitaria al afirmar que se ha traspuesto, con el Real Decreto, una Directiva europea relativa a la atención sanitaria a personas de nacionalidad extracomunitaria. Han perdido la condición de titulares de tarjeta sanitaria 13.910 personas, de las que 2.000 ya han regularizado --de nuevo-- su situación pasando a la situación de asegurados.
"El acceso a la sanidad -pública- no significa gratuidad y la no gratuidad no significa pagar; facturar no significa cobrar", ha destacado el consejero, quien ha comunicado la existencia de 18 incidencias por este motivo. Ha anunciado que solicitará comparecer en sede parlamentaria para hablar, de forma monográfica, sobre la privatización de la sanidad pública. Ahora "el sistema es más sólido, lo cual no quiere decir que hayamos conseguido la sostenibilidad", ha concluido.
Ha traído a colación las movilizaciones de Marea Blanca en defensa de la sanidad pública y el rechazo a estos cambios por parte de losprofesionales sanitarios, quienes "se sienten ahogados".
Ha criticado el cierre de 76 camas en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza y la restricción de servicios en los hospitales San Jorge de Huesca y el de Barbastro. "Al mismo tiempo que no se aprovechan las infraestructuras y los equipamientos hay que hacer derivaciones a la privada", ha lamentado.
Nieves Ibeas ha rechazado por completo la exclusión de ciudadanos extranjeros de la sanidad pública y ha afirmado que "muchas personas no pasan ya por los consultorios por temor o desconocimiento".
La diputada de IU, Patricia Luquin, ha aseverado que "se ha fracasado rotundamente" con el Real Decreto, que "no garantiza la sostenibilidad del sistema público sanitario". Ha criticado el cierre de servicios sanitarios públicos y la derivación, a un tiempo, de pacientes a la privada.
Con este Real Decreto "se quiebra el principio de universalidad, accesibilidad y gratuidad; pasamos de ser ciudadanos con derecho a la protección de la Salud a pasar a ser asegurados o beneficiarios". En general "se está abriendo la puerta, como se ha hecho en otras comunidades, a la privatización de la sanidad".
Por su parte, el parlamentario del PAR, Manuel Lorenzo Blasco, ha defendido la adopción de medidas para corregir el déficit, aunque ha negado que la sanidad esté en mejor situación ahora.
Ha considerado que hay "algunas rayas rojas sobre las que no se debería actuar", que son los principios constitucionales y estatutarios relativos a la asistencia sanitaria. Ha pedido que se mantengan los servicios esenciales "sin perder el carácter de lo público" y favorecer a los sectores más vulnerables. Ha mostrado su preocupación por la situación de las listas de espera en el medio rural.
El diputado del PSOE, Eduardo Alonso, ha afirmado que este Real Decreto invade las competencias autonómicas y ha considerado que el ahorro conseguido no compensa el coste social que conlleva. El copago es "un nuevo impuesto a las rentas del trabajo", ha señalado.
Alonso ha asegurado que los profesionales se están desmotivando por la introducción de cambios como la disminución de plantillas, la reducción de complementos profesionales, la decisión de no cubrir las vacantes y el aumento de las horas extraordinarias y la jornada laboral.
La diputada popular Carmen Susín ha dicho que "este sistema es mucho más justo que el anterior" porque "los usuarios aportan según sus ingresos". Ha apuntado que el PSOE, cuando gobernó, descatalogó 900 medicamentos.
Cuando se descatalogan medicamentos destinados al tratamiento de "síntomas menores" se está permitiendo la entrada de otros "muchísimo más innovadores que son imprescindibles para dolencias más graves que el dolor de cabeza", entre las que ha mencionado el ictus.
Oliván ha comparecido este jueves en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón, donde ha comparecido a petición del Grupo de Chunta Aragonesista para dar cuenta de la aplicación del Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y la seguridad de las prestaciones sanitarias.
Cáncer de mama
Ha expuesto que un comité de profesionales y expertos de las sociedades científicas sanitarias está evaluando la cartera de servicios, ya que el Real Decreto establece la necesidad de fijar una cartera básica independientemente del lugar de residencia de los españoles, "fijando unos contenidos mínimos". Ha dejado claro que "en ningún caso se va a modificar" el programa de cribado para la detección del cáncer de mama.
Transporte sanitario
Oliván ha mencionado la cartera suplementaria de servicios, que incluye los productos ortoprotésicos, dietéticos, el transporte no urgente y la farmacia. El Real Decreto establece, con carácter general, que la aportación del usuario se realizará en función de la renta, con una base de cálculo establecida a partir del precio del producto y sin límite de cuantía.En cuanto al transporte sanitario no urgente, el consejero ha señalado que se establece un porcentaje de aportación tomando como base un coste de 50 euros por trayecto con una aportación por parte de cada usuario de un 10 por ciento y con límites mensuales en función de la renta.
Ha destacado el compromiso del Gobierno de Aragón con la exención de este pago a los usuarios de la sanidad pública que se sometan a tratamientos de larga duración y que tengan que realizar "frecuentes" desplazamientos.
Medicamentos
Respecto al copago farmacéutico, ha indicado que este mes de marzose están devolviendo las cantidades adelantadas en noviembre de 2012 y ha explicado que las cuentas corrientes en las que se tienen que abonar estas cantidades no fueron puestas a disposición del Departamento hasta diciembre pasado. El total de ahorro en farmacia ha sido hasta ahora de 39,5 millones de euros, ha dicho el consejero.Ha defendido la nueva regulación del derecho a la asistencia sanitaria al afirmar que se ha traspuesto, con el Real Decreto, una Directiva europea relativa a la atención sanitaria a personas de nacionalidad extracomunitaria. Han perdido la condición de titulares de tarjeta sanitaria 13.910 personas, de las que 2.000 ya han regularizado --de nuevo-- su situación pasando a la situación de asegurados.
"El acceso a la sanidad -pública- no significa gratuidad y la no gratuidad no significa pagar; facturar no significa cobrar", ha destacado el consejero, quien ha comunicado la existencia de 18 incidencias por este motivo. Ha anunciado que solicitará comparecer en sede parlamentaria para hablar, de forma monográfica, sobre la privatización de la sanidad pública. Ahora "el sistema es más sólido, lo cual no quiere decir que hayamos conseguido la sostenibilidad", ha concluido.
"Peor atención"
La portavoz de CHA, Nieves Ibeas, ha afirmado que con estos cambios normativos "la gente no se siente mejor atendida; se siente peor atendida" porque la sanidad "le cuesta más cara y todavía no sabemos a qué llegará".Ha traído a colación las movilizaciones de Marea Blanca en defensa de la sanidad pública y el rechazo a estos cambios por parte de losprofesionales sanitarios, quienes "se sienten ahogados".
Ha criticado el cierre de 76 camas en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza y la restricción de servicios en los hospitales San Jorge de Huesca y el de Barbastro. "Al mismo tiempo que no se aprovechan las infraestructuras y los equipamientos hay que hacer derivaciones a la privada", ha lamentado.
Nieves Ibeas ha rechazado por completo la exclusión de ciudadanos extranjeros de la sanidad pública y ha afirmado que "muchas personas no pasan ya por los consultorios por temor o desconocimiento".
La diputada de IU, Patricia Luquin, ha aseverado que "se ha fracasado rotundamente" con el Real Decreto, que "no garantiza la sostenibilidad del sistema público sanitario". Ha criticado el cierre de servicios sanitarios públicos y la derivación, a un tiempo, de pacientes a la privada.
Con este Real Decreto "se quiebra el principio de universalidad, accesibilidad y gratuidad; pasamos de ser ciudadanos con derecho a la protección de la Salud a pasar a ser asegurados o beneficiarios". En general "se está abriendo la puerta, como se ha hecho en otras comunidades, a la privatización de la sanidad".
Por su parte, el parlamentario del PAR, Manuel Lorenzo Blasco, ha defendido la adopción de medidas para corregir el déficit, aunque ha negado que la sanidad esté en mejor situación ahora.
Ha considerado que hay "algunas rayas rojas sobre las que no se debería actuar", que son los principios constitucionales y estatutarios relativos a la asistencia sanitaria. Ha pedido que se mantengan los servicios esenciales "sin perder el carácter de lo público" y favorecer a los sectores más vulnerables. Ha mostrado su preocupación por la situación de las listas de espera en el medio rural.
El diputado del PSOE, Eduardo Alonso, ha afirmado que este Real Decreto invade las competencias autonómicas y ha considerado que el ahorro conseguido no compensa el coste social que conlleva. El copago es "un nuevo impuesto a las rentas del trabajo", ha señalado.
Alonso ha asegurado que los profesionales se están desmotivando por la introducción de cambios como la disminución de plantillas, la reducción de complementos profesionales, la decisión de no cubrir las vacantes y el aumento de las horas extraordinarias y la jornada laboral.
La diputada popular Carmen Susín ha dicho que "este sistema es mucho más justo que el anterior" porque "los usuarios aportan según sus ingresos". Ha apuntado que el PSOE, cuando gobernó, descatalogó 900 medicamentos.
Cuando se descatalogan medicamentos destinados al tratamiento de "síntomas menores" se está permitiendo la entrada de otros "muchísimo más innovadores que son imprescindibles para dolencias más graves que el dolor de cabeza", entre las que ha mencionado el ictus.
fuentes http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia
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