Seis meses después de que comenzara a aplicarse el del 2012 que dejó sin cobertura sanitaria a miles de personas en España, organización Médicos del Mundo denuncia que niños, que según ese real decreto sí están cubiertos por el Sistema Nacional de Salud, no están recibiendo atención. De hecho, según ha podido comprobar esta oenegé, esta ilegalidad ha ocurrido en Navarra y Castilla-La Mancha.
En Pamplona, según Médicos del Mundo, se trata del hijo de una familia procedente de Rumanía, mientras que en la localidad toledana de Illescas se niega la atención a los hijos de una familia marroquí y en Yepes a dos menores, de 1 y 2 años de edad, a cargo de un hombre de nacionalidad rumana. "La desatención alcanza también a mujeres víctimas de violencia de género, algunas de ellas con necesidad urgente de tratamiento psiquiátrico y medicación, como se ha documentado en Toledo.", indican desde esta organización.
Además, cuando las personas excluidas de la atención primaria ven agravarse sus dolencias y acuden a los servicios de urgencias, en ciertos hospitales son "obligadas a firmar un compromiso de pago antes de ser atendidas", y días después reciben abultadas facturas en sus domicilios. Después de denunciarlo públicamente, algunos responsables políticos han declarado que esas facturas no se cobran, pero la realidad es que a los pacientes que las reciben se les marca un plazo para el abono de las cantidades requeridas.
Por otra parte, el consejero de sanidad de Aragón ha reconocido en respuesta a una pregunta parlamentaria el cobro efectivo de la atención sanitaria y hay hospitales, como el Virgen de la Salud en Toledo, que han girado facturas superiores a los 3.000 € por un parto, cuando las embarazadas deberían tener cubierta completamente la asistencia en el sistema público de salud.
En Madrid, centros sanitarios como la Fundación Jiménez Díaz han facturado la atención en urgencias a pacientes, denuncia Médicos del Mundo.
Esta denuncia se produce un día después de que la ministra de Sanidad, Ana Mato, volviera a justifcar la decisión del Gobierno para no atender (salvo que paguen) a los inmigrantes en situación irregular, salvo en los casos de menores, parto y urgencias. Ante las críticas de la oposición, Mato desafió a cualquier a demostrar que no se estaba atendiendo a este colectivo como establece la norma aprobada en abril del año pasado.
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