Madrid, 30 oct (EFE).- La crisis económica que atraviesa España golpea con más dureza a los inmigrantes que a los españoles, con un índice de desempleo que duplica el de los autóctonos y menos prestaciones sociales.
Los inmigrantes africanos son los más perjudicados por el desempleo, con un índice del 39,1 por ciento de parados en 2011, y los latinoamericanos los menos afectados, con un 28,5 por ciento, según el informe "Impactos de la crisis sobre la población inmigrante" elaborado a partir de fuentes oficiales, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y el colectivo "Ioé".
El objetivo del estudio, con datos que van hasta 2011, ha sido "rescatar de la invisibilidad" de la comunidad inmigrante y reivindicar el mantenimiento de las políticas a favor de la integración de sus miembros, según sus autores, que achacan a la crisis el incremento entre los españoles de la percepción negativa sobre la incidencia de la inmigración en el mercado laboral.
El desempleo en España alcanzó por primera vez en un 25 por ciento de la población activa, lo que equivale a más de 5,7 millones de parados, en el tercer trimestre de 2012, frente al 21,52 por ciento del mismo periodo de 2011.
Desde que comenzó la crisis económica y financiera, entre 2008 y 2011, un 15 por ciento de los asalariados procedentes de América Latina y otros países de Europa perdieron su empleo, frente al 11,5 por ciento de los trabajadores españoles y un 21 por ciento de los inmigrantes africanos.
Los inmigrantes africanos son los peor parados, con un índice de desempleo de un 39,1 por ciento y hasta un 49,3 % de los residentes extranjeros en España.
Los latinoamericanos es el grupo de inmigrantes menos afectado, con un 28,5 por ciento de paro, según el informe, presentado por la representante en España de la OIM, María Jesús Herrera, y el investigador del colectivo Ioé, Walter Actis.
Desde que comenzó la crisis, ha aumentado la proporción de empleo indefinido de baja calidad -como el fijo discontinuo y a jornada parcial- y son las mujeres las más afectadas por estas circunstancia: por cada cien trabajadores a tiempo parcial que no encontraban empleo a tiempo completo, 21,8 por ciento eran mujeres inmigrantes frente al 11,8 por ciento de autóctonas.
El desempleo afecta de forma intensa tanto a los jóvenes españoles como a los inmigrantes (46 por ciento y 49 por ciento, respectivamente) y son de nuevo los africanos los que más lo padecen.
Respecto al salario medio, la diferencia entre autóctonos y extranjeros residentes se ha ampliado con la crisis económica, ya que mientras que el de los primeros aumentó un 0,8 por ciento, el de los segundo se redujo un 10,6 por ciento.
Además, según el estudio de la OIM, más de la mitad de los trabajadores inmigrantes no llegaron a ingresar en 2010 una cantidad equivalente al Salario Mínimo Interprofesional en cómputo anual.
Otra consecuencia de la coyuntura económica es que la tasa de pobreza de los hogares inmigrantes (31 por ciento) supera en doce puntos la de la población española de menos de 65 años, que se sitúa en el 19 por ciento.
Asimismo, la pobreza extrema ha aumentado en España pero la situación es peor entre los inmigrantes no comunitarios, ya que el 10,8 por ciento de éstos la padece, en tanto que los encabezados por españoles es del 6,7 por ciento.
Los inmigrantes cada vez tienen más dificultades para llegar a fin de mes con los ingresos habituales y también han disminuido las remesas enviadas a lo países de origen.
Otro de los problemas a los que se enfrenta este colectivo es una menor protección social, debido, entre otros, a que más de la mitad de los trabajadores extranjeros que han perdido su trabajo no habían sido dados de alta en la Seguridad Social.
Ante la inmigración, los autóctonos se encuentran divididos en tres grupos: los que rechazan la inmigración, que suponen el 37 por ciento, porcentaje que no se ha incrementado especialmente con la crisis; los que la toleran (33 por ciento) y los indecisos (30 por ciento).
Los españoles partidarios de expulsar del país a los 'irregulares' han aumentado del 12 por ciento en 2007 al 20 por ciento en 2010, mientras que un 73 % (frente a un 68 % anterior) abogan por devolver a sus países de origen a los que han cometido delitos e incluso a los que lleven mucho tiempo desempleados (con un incremento del 39 al 43 por ciento).
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